El gobierno bonaerense se presentó ante la Justicia para reclamar a la empresa Coviares S.A., ex concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata, una deuda de 178 millones de pesos por multas impagas labradas el año pasado por incumplimiento en la prestación del servicio.
Fuentes del Ministerio de Infraestructura dijeron a DyN que el Ejecutivo recurrió a la Justicia ya que, tras la quita de la concesión -en julio de 2013-, Coviares se presentó en junio de este año en concurso preventivo en el Juzgado Nacional Comercial 22, a cargo de la doctora Margarita Braga.
"Como consecuencia de la presentación de Coviares S.A. el gobierno ha tenido que presentarse en sede judicial para verificar los créditos que posee en contra de dicha empresa y no perder sus derechos a cobro", sostuvieron las fuentes.
En ese sentido, se informó que "la presentación fue realizada ante el síndico concursal por la suma de 178 millones de pesos en concepto de multas por incumplimientos varios del contrato de concesión que unió oportunamente a la empresa con el gobierno de la provincia".
En total, entre febrero y mayo de 2013 el Ministerio de Infraestructura labró 24 multas, que van desde 37.500 pesos a 147 millones de pesos, según las resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial, y totalizan 178.788.608,80 pesos.
Las sanciones son por no ejecutar obras comprometidas, falta de mantenimiento de las banquinas, ausencia de centros de urgencias y servicio de primeros auxilios, mal funcionamiento de las barreras, falta de higiene y deficiencias en matafuegos de las cabinas de peaje, entre otras causas.
Coviares S.A., una empresa de capitales nacionales y españoles, se adjudicó en 1981 la obra de construcción de la autopista, aunque comenzó los trabajos en 1988 y el primer tramo de la ruta que une la capital provincial con la ciudad de Buenos Aires se inauguró en 1995.
Antes, en 1994, el gobierno nacional que conducía Carlos Menem renegoció el contrato con la empresa, extendiéndole la concesión por 22 años, hasta 2017.
Pero en octubre de 2012 el gobierno nacional, bajo la gestión kirchnerista, traspasó a la órbita de la provincia el control de la explotación por 30 años, y nueve meses después Scioli rescindió la concesión y estatizó la ruta, creando para ello una sociedad anónima denominada AUBASA, que explota la carretera
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